La Comisión Federal de Competencia Económica considera que la nueva política de confiabilidad de la Secretaría de Energía viola la competencia económica.
Ante ello, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine los límites que tiene la Sener frente a los principios constitucionales, cuyas disposiciones afectan el funcionamiento del mercado eléctrico.
Dicha política restringe la participación de la iniciativa privada con centrales renovables y convencionales, impactando hasta en 44 mil millones de dólares, según reportan asociaciones de energía.